La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es la obligación que tienen las Administraciones Públicas de indemnizar a los particulares por los daños y perjuicios que les causen como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Caso 1: Un ciudadano sufre un accidente al caer en un bache en la vía pública. El ciudadano puede reclamar una indemnización a la Administración Pública por los daños y perjuicios sufridos, como los gastos médicos, la pérdida de ingresos y el daño moral.
Para ello, debe seguir los siguientes pasos:
- La solicitud debe presentarse por escrito ante la Administración Pública responsable del daño.
- En la solicitud, se debe describir el daño sufrido, los gastos y perjuicios ocasionados y la cantidad que se reclama como indemnización.
- Se debe acompañar a la solicitud la documentación que acredite el daño y los perjuicios sufridos.
- La Administración Pública tiene un plazo de seis meses para resolver la solicitud de indemnización.
- En este plazo, la Administración puede solicitar al ciudadano la presentación de información adicional.
- La Administración puede también iniciar un expediente de investigación para determinar las causas del daño y la responsabilidad de la Administración.
- La Administración Pública puede resolver la solicitud de indemnización de forma estimatoria o desestimatoria.
- Si la solicitud es estimada, la Administración Pública debe pagar al ciudadano la cantidad de la indemnización fijada.
- Si la solicitud es desestimada, el ciudadano puede recurrir la resolución ante la vía judicial contencioso-administrativa.
Plazo para reclamar:
- El plazo para reclamar una indemnización a la Administración Pública es de un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifestase su efecto lesivo.
- En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Recursos adicionales:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Artículo 139 de la Constitución Española.
- Página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública
La responsabilidad patrimonial de la Administración es una garantía fundamental para los ciudadanos, ya que les permite obtener una reparación por los daños y perjuicios que les cause la Administración Pública.
Recursos adicionales:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Artículo 139 de la Constitución Española.
- Página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública
